Españoles por el mundo...

Después de dejar España enladrillada de costa a costa las empresas constructoras buscan nuevos espacios vírgenes en el extranjero para arrasarlos impunemente con lucrativos megacomplejos turísticos al estilo de Cancún.

Greenpeace, junto con las organizaciones Wildcoast, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo A.C (ACCP), ha presentado esta mañana en México DF el informe Cabo Cortés: destruyendo el paraíso. En él se expone cómo Hansa Urbana, controvertida empresa de origen español (de Alicante, sin ir más lejos), tiene previsto construir un megacomplejo turístico en la zona protegida de Cabo Pulmo. Las organizaciones piden que no se lleve a cabo este proyecto, que pone en riesgo un ecosistema considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

En 2008 Hansa Urbana obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) la autorización para iniciar la construcción de Cabo Cortés en Los Cabos (Baja California Sur). Proyectado sobre una extensión superior a 3.800 hectáreas, contaría con un puerto deportivo de 490 amarres, dos campos de golf, capacidad para 30.000 habitaciones y 5.000 viviendas para los trabajadores, es decir una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún. Este desarrollo colinda con Cabo Pulmo, un Parque Marino Nacional que es parte de la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y que en 2008 fue incluido en el Convenio RAMSAR para la protección de humedales de importancia internacional. Tras dos años de lucha, y tras interponer recursos legales ante el CEMDA y Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), la SERMANAT decidió recientemente que no debía autorizar el proyecto.

Greenpeace considera que el hecho de que se otorgara inicialmente la autorización y ahora se pretenda modificar debido a irregularidades pone en evidencia la falta de rigurosidad a la hora de aprobar proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente. “Es increíble que autorice un proyecto depredador como Cabo Cortés con un solo trámite y dos años después, sólo por la presión de la sociedad y recursos legales, se decida modificar la autorización. ¿Cuántos proyectos similares existen con autorizaciones que implican el daño a ecosistemas? No queremos que se modifique la autorización de Cabo Cortés, queremos que se cancele pues hay argumentos que van más allá de los recursos legales, que ponen en riesgo a Cabo Pulmo”, explicó Alejandro Olivera, portavoz de Greenpeace México.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) emitió en julio de 2009 una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por la constructora Hansa Urbana, y sobre el impacto potencial del proyecto. También existe una opinión técnica de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha señalado la inviabilidad legal del proyecto dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y legislación. A pesar de esto la Semarnat decidió autorizarlo en 2008.

“Cabo Cortés puede tener un impacto totalmente destructivo sobre el arrecife de coral y todo el ecosistema. Su estudio de impacto ambiental presenta numerosas deficiencias que no han sido corregidas; se basa en información falsa o errónea; no analiza a fondo algunos de los impactos potenciales más graves; y no tiene en cuenta los problemas sociales que puede generar la llegada masiva de trabajadores a una región poco poblada y escasa de servicios”, ha denunciado Fay Crevoshay portavoz de Wilcoast.

La empresa promotora de Cabo Cortés, la constructora Hansa Urbana acumula en España una serie de investigaciones por irregularidades en el proceso de aprobación de su proyecto Novo Carthago (Cartagena, Murcia) especialmente en lo que se refiere a la tramitación urbanística y el proceso de recalificación de los terrenos. La Fiscalía de Murcia lo ha investigado después de conocer que el campo de golf va a construirse en un paraje protegido por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Por otro lado, en mayo de 2010 Rafael Gálea, director general de Hansa Urbana fue llamado a declarar por un juez en calidad de imputado, ya que existen “indicios racionales” de participación en delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos. La cuantía de los delitos superaría los seis millones de euros.

Greenpeace considera inaceptable que las empresas inmobiliarias y turísticas españolas, actores clave en el desarrollo insostenible llevado a cabo en España durante los últimos años, y que ahora se demuestra agotado, pretendan reproducir en otros países el desastre que ya han causado aquí. “Su modelo de negocio a corto plazo deja de lado los peligrosos impactos sociales, medioambientales y laborales de sus proyectos e hipoteca el bienestar de las generaciones futuras a cambio de beneficios rápidos para unos pocos. El proyecto de Cabo Cortés puede tener un impacto especialmente nefasto al afectar un ecosistema único, protegido nacional e internacionalmente y cuidado por los habitantes de la zona. Por eso nunca debe construirse”, ha explicado en México Mabel Bustelo de Greenpeace España.

Las organizaciones demandan que Cabo Cortés no sea autorizado y en su lugar proponen que se promuevan intensivamente los esfuerzos de protección de Cabo Pulmo por parte de la comunidad local, que ha usado un modelo de turismo respetuoso con el medio ambiente.

“Nosotros hemos vivido del ecoturismo y de la protección al área marina protegida de Cabo Pulmo. El proyecto Cabo Cortés pone en riesgo nuestro sustento de vida. No hemos sido considerados a pesar de que estamos en su área de influencia. Es injusto que se le otorgue la concesión de 4,5 millones de metros cúbicos anuales de agua en una zona desértica cuando a nosotros nos hace falta y que se descarguen salmueras que vayan a dar al arrecife”, concluyó Mario Castro, habitante de la comunidad de Cabo Pulmo y vicepresidente fundador de ACCP.

IMPACTOS DEL PROYECTO
- La planta desalinizadora descargará 500 litros por segundo de amargos y salmueras que pueden ir hacia al arrecife de Cabo Pulmo.

- Contraviene la legislación que establece que cualquier nuevo proyecto turístico debe asegurar su propio abastecimiento de agua y el de los núcleos de población que se generen como consecuencia. Sin embargo este proyecto, si se desarrolla íntegramente, consumirá el agua equivalente a una ciudad de 71.000 habitantes (4,5 millones de metros cúbicos anuales).

- No se tienen en cuenta los posibles impactos del cambio climático y los pronósticos de un cambio del nivel del mar en el Pacífico.

- La marina modificara el perfil de la costa y afectará a la vida en los fondos arenosos y a la disposición de la arena. Cuando esté funcionando se generará un importante tráfico, que previsiblemente causará vertido de combustibles, basuras y ruidos que afectarán a la zona y más allá.

- La autorización contraviene lo recomendado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ya que Cabo Pulmo se encuentra sin duda en la zona de influencia del proyecto.

- El estudio presenta problemas de identificación y de falta de muestreos adecuados y suficientes se presentan en relación aves, mamíferos y reptiles, varios de ellos especies en riesgo.

En la web de Greenpeace puedes ver una galería con imágenes de este espacio natural único amenazado por la constructora Hansa Urbana.

(*) Fuente de la noticia: GREENPEACE

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La selva amazónica y sus comunidades, amenazadas

Cientos de personas protestan desde hoy y hasta el 20 de agosto en representación de 233 comunidades indígenas contra la construcción de más presas y carreteras en la Amazonía Brasileña

Cientos de indígenas brasileños de todo el país se están congregando para llamar la atención sobre el asesinato de sus líderes, el robo de sus tierras para proyectos industriales y otras amenazas a su supervivencia, según ha informado Survival Internacional.

Así, detalla que la manifestación que tendrá lugar del 16 al 20 de agosto en el estado de Mato Grosso do Sul, al sur de la Amazonia y que se espera que acudan unos 800 indígenas en representación de muchos de los 233 pueblos indígenas de Brasil.

Igualmente, puntualiza que la protesta pondrá de manifiesto el "creciente enfado" entre los pueblos indígenas que se oponen a los planes del Gobierno para construir una serie de enormes presas y carreteras en la Amazonia.

Además, informa de que los organizadores de la protesta son la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil y el Foro por la Defensa de los Derechos Indígenas y que han invitado a todos los candidatos a la próximas elecciones presidenciales.

Por otro lado, señala que los guaraníes han sido "despojados de su tierra" para dejar paso a las haciendas de ganado y a las plantaciones de caña de azúcar. A este respecto, puntualiza que este pueblo indígena registra una de las tasas de suicidio más altas del mundo.

Desde la ONU se ha exigido a los gobiernos que respeten los cánones internacionales de los derechos indígenas. En declaraciones con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, James Anaya (portavoz especial de Naciones Unidas para los pueblos indígenas) dijo que “los pueblos indígenas siguen viendo cómo sus territorios tradicionales son invadidos por poderosos actores que buscan enriquecerse a su costa, arrebatándoles sus recursos vitales”.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece importantes principios que los estados deben seguir. Casi todos los gobiernos apoyan ahora estos principios, después de que tanto Australia como Nueva Zelanda retirasen sus objeciones previas este mismo año. Canadá se ha comprometido a apoyar la Declaración antes de que termine 2010, y Estados Unidos también está revisando sus objeciones.

Sin embargo, el James Anaya remarcó que “hoy la Declaración continúa siendo más un recordatorio de lo mucho que nos queda… que un reflejo de lo que realmente se ha conseguido sobre el terreno”. Asimismo añadió que “la fiel implementación de la Declaración debe ser el principal foco de la atención coordinada para los gobiernos en todo el mundo, para la ONU y los demás actores”.

Aunque la Declaración representa unos importantes principios internacionales, desgraciadamente todavía no es legalmente vinculante. Survival desarrolla una campaña para que cada vez haya más gobiernos firmen el único acuerdo internacional legalmente vinculante sobre pueblos indígenas: el Convenio 169 de la Organización International del Trabajo.

Hace pocos meses, la República Centroafricana se convirtió en el primer país africano en firmar el Convenio, y poco después lo hizo Nicaragua. Sólo 22 estados lo han ratificado hasta la fecha.

(*) Fuente de la noticia: EUROPA PRESS y SURVIVAL INTERNATIONAL

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