25F Contra el genocidio en Gaza

Este domingo (25 de febrero) volveremos a salir en decenas de ciudades a pedir al gobierno español que deje de suministrar armas a Israel y rompa relaciones con ese estado terrorista que está llevando a cabo un genocidio contra los palestinos como culminación de 70 años de acoso y expolio de sus tierras.

¡Basta ya!

En la imagen aparecen los lugares y horarios de esta movilización que, esperemos, sea masiva y tuerza el brazo de este gobierno y cese por fin su hipócrita complicidad.

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¿Ningún fallecido por coronavirus en España?

Muertos por coronavirus por comunidades en las últimas 24 horas (1 de junio):

- Asturias: 3 personas - https://www.elcomercio.es/sociedad/coronavirus-asturias-fallecidos-contagios-residencias-20200601153746-nt.html
- Baleares: 2 personas - https://www.cronicabalear.es/2020/06/dos-nuevos-fallecidos-y-un-contagio-mas-por-coronavirus-en-baleares/
- Castilla La Mancha: 5 personas - https://www.encastillalamancha.es/castilla-la-mancha/coronavirus-en-clm-5-muertos-25-nuevos-contagios-y-41-altas/
- Castilla y León: 2 personas - https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/castilla-leon-confirma-20200601140833-nt.html
- Cataluña: 5 personas - https://www.lavanguardia.com/vida/20200601/481541562462/cataluna-fallecidos-covid-19-coronavirus.html
- Extremadura: 1 persona - https://www.hoy.es/extremadura/junta-extremadura-notifica-20200601180257-nt.html
- Madrid: 11 personas - https://www.larazon.es/madrid/20200601/f4f2lywhgvh2nnlo74cbxsayja.html

Total: 3+2+5+2+5+1+11 = 29 personas

Sin embargo el gobierno afirma que ayer no hubo ningún muerto por coronavirus en España y los titulares de toda la prensa destacan ese dato - https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/06/01/ningun-fallecido-coronavirus-espana-24-horas/00031591027854993368712.htm

¿Nos están tomando el pelo? ¿Cómo es posible que una comunicación tan falta de rigor sobre un tema tan grave esté pasando prácticamente desapercibida?



ACTUALIZACIÓN 2 DE JUNIO
Cabría pensar que la discrepancia podría deberse a un "retraso en el reporte de datos" y que los fallecidos que el gobierno del estado no contabilizó ayer los sumaría a los de hoy... Pero no. El gobierno insiste hoy 2 de junio en anunciar que "llevamos dos días sin fallecidos en España", a pesar de que sólo en la comunidad de Castilla La Mancha se han notificado hoy 5 nuevas víctimas mortales por covid-19

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La soberanía alimentaria contra el interés de la agroindustria

¿Qué os parece más peligroso desde el punto de vista de evitar contagios, ir a por patatas a un supermercado atestado de gente o ir a por patatas a un huerto donde sólo vas tú? ¿Acudir a una gran explotación agraria donde se desplazan y trabajan en condiciones precarias decenas de jornaleros o ir a un pequeño huerto de autoconsumo? La respuesta parece obvia, ¿verdad?



El gobierno de España no lo tiene tan claro pues ha prohibido los desplazamientos a los huertos de particulares "como medida de prevención para frenar al COVID19" mientras permite que el agronegocio continúe con su actividad -por cierto orientada en su mayor parte no a abastecer los mercados locales de comida sino a la exportación, el 80% de la producción agraria en España se exporta-. En definitiva, estamos ante otra medida de un gobierno que se dice "progresista" pero que defiende el interés del capital y ataca además el derecho a la soberanía alimentaria en una de sus formas más simples y claras: el huerto de autoconsumo.

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Rescate de bancos y autopistas con dinero público

Los cuentos del capitalismo son como los infantiles, pero en vez de princesas se rescatan bancos y autopistas. Y la moraleja es una urbanización.



Se confirma que al menos 5.000 millones de euros de dinero público irán a pagar la deuda contraida por las empresas responsables de la construcción de varias autopistas de peaje de la época de la burbuja inmobiliaria. Se confirma pues que -entre otras- también hubo una burbuja circulatoria (o automovilística, o como quieran llamarla). Se confirma también al servicio de quien trabaja el gobierno en España, pues este gobierno que ya encontró dinero para rescatar a los bancos y que lo va a encontrar ahora para rescatar a las empresas constructoras es el mismo que decía (y sigue diciendo) que no hay dinero para cumplir la ley de dependencia, que no lo hay para frenar los desahucios, que no lo hay para evitar la pobreza energética, que no lo hay para acoger a los refugiados, etc.

Más información aquí: Autopistas de peaje: un rescate encubierto a banca y grandes constructoras

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Gobierno de España

El que quiera a los inmigrantes, que se los lleve a su casa
el que quiera manifestarse, que lo haga en su casa
el que quiera justicia, que la haga en su casa
el que quiera trabajo, que se lo monte en su casa

...y el que quiera una casa para poder hacer todo eso, que se ponga a rezar.
Gobierno de España

(*) Fotografía "Lós últimos serán los obreros" (Valencia 2007)

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¿Es más Importante la Economía que la Salud para el Gobierno Español?

Según la denuncia de la organización ecologista Oceana el gobierno de España ha estado ocultando más de siete años un estudio sobre la presencia en el pescado de elementos tóxicos que rebasaban los límites recomendables para el consumo humano.

¿Es más importante la economía que la salud para el gobierno español? Si nos atenemos a los hechos, la respuesta es afirmativa. El Gobierno ha ocultado durante más de siete años un estudio sobre la presencia de tóxicos en el pescado. La justicia destapa ahora en 2011 el dictamen confidencial de 2003 que halló niveles excesivos de mercurio en el emperador. Mientras, el ministerio de Medio Ambiente alega que era un texto interno...

Para mí todo esto no puede calificarse más que como vergonzoso e indignante. Parece que para el gobierno lo más importante es evitar la alarma. La prioridad absoluta, la economía. Y mientras la gente se envenena lentamente con los efectos colaterales de eso que llaman progreso. Pues esto es lo que yo llamo un mundo de mierda. Es interesante leer este artículo donde la organización ecologista Oceana explica muy bien el problema de la contaminación por mercurio y por qué se acumula principalmente en pescados de tamaño grande.

En diciembre de 2003 un informe oficial elaborado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), halló una concentración muy superior a la permitida en muestras de especies recogidas en el Atlántico y el Índico de pez espada, marrajo y tintorera. Sin embargo, este informe fue calificado como confidencial y todos los Ejecutivos desde entonces se han negado a hacerlo público, primero el gobierno del Partido Popular, y desde marzo de 2004 el del Partido Socialista, en una curiosa muestra de acuerdo y consenso entre los dos grandes partidos que se reparten el poder en España. Acuerdo y consenso para la desinfornación, para la censura, para permitir un fraude al consumidor que podría haber ocasionado graves daños a la salud de quién sabe cuantas personas. Para eso sí que se unen PP y PSOE.

Gracias a la organización ecologista Oceana, tras un litigio de más de tres años, se ha logrado que la Audiencia Nacional le permitiera acceder al texto. Pero el ministerio de Medio Ambiente sigue sosteniendo la excusa de que el informe era considerado interno. Está claro que tienen otras prioridades...

INFORME SOBRE TÓXICOS EN PRODUCTOS DE CONSUMO DECLARADA CONFIDENCIAL
El 5 de diciembre de 2003, el IEO dio por concluido su gran estudio de arsénico y metales pesados en pescados y mariscos de interés comercial. El informe consta de tres tomos en los que analiza la contaminación en 90 especies. Los observadores del IEO tomaron cientos de muestras, en alta mar y en la pescadería, de todo lo que se come en España. Sus 321 páginas analizan la contaminación de todas las especies posibles, desde el salmón a la rosada, desde el mejillón a la sepia.

Sin embargo, fuera quedó un anexo etiquetado como confidencial, en el que se recogían niveles más alarmantes de mercurio, muy por encima del máximo de un miligramo de mercurio por cada kilo de peso húmedo de pescado. Se trata de los análisis de marrajo (que se vende como cazón), pez espada (emperador) y tintorera. En ocasiones, y de forma fraudulenta, se pueden vender unos por otros en las pescaderías.

El resultado no dejaba dudas. El 62,5% de las 128 muestras de marrajo superaba el nivel máximo permitido de mercurio. El 54,2% de las muestras de pez espada estaban por encima del límite legal en mercurio y el 79% excedían el límite de cadmio. En la tintorera, el número de muestras con concentración superior a la permitida baja hasta el 50%.

LA PRESIÓN DE LOS ECOLOGISTAS
En 2006, Oceana tuvo conocimiento de la existencia del dictamen y lo pidió a Medio Ambiente, según recuerda Xavier Pastor, director de la organización ecologista. "No nos lo querían dar porque era alarmante y así se ha visto. La contaminación por metales pesados en grandes pelágicos es un tema serio, pero temían el impacto que podría tener sobre el sector pesquero si se hacía público", explica Pastor.

La Ley de Acceso a la Información Ambiental, de 2006, obliga a que todos los documentos de Medio Ambiente sean públicos, como estableció el Convenio Internacional de Aarhus. Sin embargo, el ministerio se negó y Oceana recurrió a la Audiencia Nacional. En diciembre de 2009 obtuvo un fallo favorable pero aún así el departamento decidió enviar, un año después, un informe mutilado. En marzo pasado, tras la queja pública de Oceana, el ministerio le remitió el informe.

El 14 de abril, con el informe en manos de la ONG, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, del Ministerio de Sanidad, redactó la recomendación de que los niños menores de tres años y las embarazadas no comieran ni atún rojo ni pez espada, tiburón o lucio.

Una portavoz del departamento que dirige Rosa Aguilar explicó ayer que durante todos estos años, el ministerio consideró que se trataba "de un dictamen interno para ser remitido a la Comisión Europea" para que decidiera. En ese caso, una pregunta surge inevitablemente, ¿a qué esperaba el ministerio para remitir el informe? Como tantas otras veces, se reviste de razón lo que no es otra cosa que una excusa, una burda y despreciable excusa. Y la calle lo ha dicho muy claro estos días por toda España: "NO NOS REPRESENTAN". Y cada día alimentan nuestra indignación con su forma de actuar, su forma de gobernar al margen del interés del pueblo.

Por suerte existen organizaciones ambientalistas como Ecologistas en Acción que llevan años alertando del problema del mercurio. Pastor pide a Medio Ambiente que prohíba el uso de células de mercurio en las plantas químicas que producen cloro, una de las formas por las que el metal llega a la cadena trófica de los grandes peces, y critica que el Gobierno pactara con los fabricantes extender la vida de estas instalaciones.

Además, Pastor explica que en EE UU grandes cadenas de supermercados como Walmart han suscrito acuerdos con Oceana para que en sus pescaderías figure en un gran letrero la recomendación de que los niños no consuman estos productos: "Esperamos lo mismo en España". Mientras, podéis informaros en este enlace el artículo de Ecologistas en Acción sobre las nuevas recomendaciones para el consumo de pescado que acaba de publicar la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

(*) Fuentes de la noticia: diario El País (por Rafael Méndez), Ecologistas en Acción y Oceana

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Por la proteccion de la biodiversidad en Canarias

El Gobierno de Canarias quiere aprobar una ley poco rigurosa sin tener en cuenta a la comunidad científica para desproteger la biodiversidad de Canarias. ¡Todo el mundo contra el nuevo Catálogo de Especies Protegidas!

Que ningún animal te estropee un buen negocio. Ésta parece ser la consigna del gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PP), a tenor de la indignación suscitada por su última propuesta de ley, que pretende descatalogar o desproteger la mitad de las especies y subespecies animales y vegetales de estas islas.

Si la proposición de ley sale adelante, el nuevo Catálogo de Especies Protegidas retirará de la lista a 226 especies, disminuirá la protección dada a 131 de ellas y protegerá a 94 de un modo muy particular. En este último supuesto, decidme si no huele a chamusquina velar por la planta o el animal sólo si se encuentra dentro de un determinado espacio. O sea, si la planta o el animal se encuentra fuera de éste o, lo que es lo mismo, si molesta para construir un campo de golf, o una urbanización, o cualquier otro espacio urbano, ya no habría miramientos, y atentar contra ellas no sería delito ecológico, sino simple infracción administrativa. Una auténtica locura.

Como no podía ser de otro modo, los ecologistas y expertos se han mostrado indignados, y han acusado al gobierno canario de poner en riesgo a cientos de especies de plantas y animales, rebajando su estatus de protección por intereses urbanísticos y de infraestructuras.

Lo han dicho sin rodeos personalidades de la talla de Juan José Bacallado, ex director del Museo de Ciencias Naturales, o especialistas como Pedro Oromí Masoliver, catedrático de zoología. Ambos acusan a Coalición Canaria de tener intereses económicos:

Coalición Canaria quiere quitarse de en medio un montón de especies protegidas que entorpecen proyectos de supuesto interés social, pero ya sabemos con qué facilidad se declara en Canarias cualquier obra como de interés general.

Además, se rebaja descaradamente la categoría de especies molestas, como es el caso del saltamontes Acrostira euphorbiae, especie muy amenazada que vive en una zona de La Palma, donde se pretende construir un campo de golf.

La biodiversidad de las Islas Canarias es única, refugio para la fauna silvestre y hogar de cerca de 4.000 especies y subespecies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Su hábitat cautivó a Charles Darwing hace dos siglos, y sigue siendo un lugar elegido por miles de amantes de la naturaleza cada año.

Sin embargo, el tesoro ecológico del archipiélago volcánico puede sufrir un descalabro irrecuperable. Si el gobierno de las Islas Canarias, que ya ha aprobado un proyecto de ley, sigue adelante con él, más de la mitad de las especies mencionadas en la lista de protegidas quedarán desamparadas. Sin comentarios. Bueno, sí, uno más: con la aprobación del nuevo Catálogo, las grandes áreas que estaban protegidas del desarrollo urbano podrán recibir el permiso para construir. Y una pregunta: ¿Qué queda de unas islas si le extirpamos su naturaleza autóctona?

Desde Ben Magec-Ecologistas en Acción nos invitan a una importante y divertida acción que tiene como finalidad mostrarles a nuestros representantes políticos que la oposición al “Nuevo Catálogo de Especies Protegidas de Canarias” no tiene fronteras. Ayúdanos a llevar a cabo esta acción.

A continuación, te explicamos lo que tienes que hacer. Es muy sencillo. Descarga el CARTEL (JPEG, 850×567 pixels), imprímelo y hazte una foto con el cartel en un lugar representativo de tu ciudad, por ejemplo, si vives en Francia, podrías hacerte una foto con la Torre Eiffel de fondo. Luego envía tu foto al correo electrónico canarias@ecologistasenaccion.org. También puedes colgar tus fotos en el grupo de Facebook "Yo también rechazo el Nuevo Catálogo de Coalición Canaria"

Con todas las fotos que se reciban se mostrará al Gobierno de Canarias la gran equivocación que está cometiendo. Recuerda que sin tu colaboración esto no será posible. ¡Anímate y ayuda con tu foto a parar esta locura! ¡Muchas gracias!

(*) Fuentes de la noticia: EcologiaBlog y Colectivo Turcón (Ecologistas En Acción)

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La ley de costas española, ¿también en crisis?

WWF Adena muestra su rechazo a la modificación de la Ley de Costas propuesta por el gobierno español

La propuesta de modificación que ha presentado el gobierno no ha gustado nada a los ecologistas. Según Adena, "esta Ley fue creada para defender la integridad del litoral español, no para facilitar la compra-venta de inmuebles en primera línea de costa e incrementar la presión urbanística" como ocurriría con esta modificación.

El objetivo fundamental de la aprobación de Ley de Costas (22/1988, de 28 de julio) fue, en su momento, defender la integridad del litoral por estar sometido a una gran presión urbanística. Sin embargo, la modificación propuesta por el Gobierno significa dar un paso atrás en la protección de las costas.

Dos son las amenazas principales que están reconocidas por la propia ley: la destrucción de los ecosistemas naturales y la privatización de su uso, mediante el otorgamiento de concesiones para que sustraían del disfrute común grandes extensiones de la ribera del mar para uso privado.

Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, “La Ley de Costas es el único instrumento con el que contamos para proteger nuestro litoral de la desnaturalización, aunque en muchas ocasiones con escaso éxito” Según WWF, en España, las infraestructuras y el desarrollo costero han producido la pérdida del 75% de los sistemas dunares en el Mediterráneo y el 70% de los humedales costeros están alterados o degradados.

Según la Constitución española, la ribera del mar y las playas son bienes del dominio público marítimo-terrestre y la Ley de Costas pretendía su incorporación al mismo transformando los derechos de propiedad, indebidamente existentes en la costa, en concesiones por treinta años, y, excepcionalmente, prorrogables por otros treinta.

Con la reforma impulsada desde el gobierno, se pretende que estas concesiones residuales que no estaban en el mercado inmobiliario (por no ser objeto de compra-venta) ahora se incorporen al mismo favoreciendo la especulación de los bienes presentes en la línea de costa. Así, estas concesiones que estaban destinadas a extinguirse y ser incorporadas al dominio público marítimo-terrestre, por contra se revalorizarán y esto dificultará su recuperación para el dominio público antes de su vencimiento.

“Desde su creación, la Ley de Costas ha sufrido numerosas modificaciones para disminuir los mínimos de protección establecidos en 1988. Cada vez que ha habido un intento de aplicación estricta, como ha ocurrido con los deslindes en los últimos años, se promueve una reforma de este tipo que disminuye la protección del litoral”, añadió Juan Carlos del Olmo. ”Y no es la primera vez que se realiza estas modificaciones de la Ley sin participación pública”

Según WWF, se da el agravante de que este proyecto de Ley no ha sido objeto de participación ninguna, ni siquiera ha pasado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Estos hechos vulneran el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, de participación en materia de medio ambiente. Las organizaciones ecologistas han mostrado su rechazo a esta forma de tramitar la modificación de la Ley de Costas ante la Ministra de MAMRM y el Ministro de Justicia.

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Medidas para el transporte

El Gobierno español quiere líneas ferroviarias exclusivas para el transporte de mercancías que reduzcan las emisiones de CO2

Con esta iniciativa se pretende habilitar líneas ferroviarias exclusivas para el transporte de mercancías con el fín de reducir las emisiones de CO2, dentro de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, y según contempla el borrador de este Departamento, que se someterá a información pública hasta el próximo 7 de febrero. Así se pretende potenciar el transporte ferroviario de mercancías frente al uso de vehículos pesados por carretera, habilitando una red orientada a superar los déficit de la oferta del transporte de carga en tren y a incrementar la cuota de mercado y mejorar la imagen social y comercial.

La idea de potenciar el tranporte ferroviario por su mayor eficiencia en términos de consumo energético me parece muy acertada, pero tendría que haberse puesto en práctica mucho antes... Nunca he entendido por qué el transporte ferroviario ha sido dejado de lado en España durante tantos años: aparentemente en las dos últimas decadas se han abandonado más líneas de las que se han habilitado, volcando todo el presupuesto en la construcción de autovías para el Dios coche. Ahora faltan muchísimas líneas, faltan cercanías (en muchas provincias ni siquiera existen), falla la frecuencia de paso... Y todos estos temas no van a ser subsanados con la actual ánsia por construir líneas de Alta Velocidad, aunque éstas son un buen complemento a la red y una alternativa lógica al viaje en avión. Es necesaria una apuesta decidida por aumentar la red ferroviaria, y potenciar su uso desde las instituciones. Los beneficiados: el medio ambiente (menos emisiones de CO2) y la sociedad en general (el coche no será un bien imprescindible, y habrá más opciones para viajar).

Con estas medidas se quiere al mismo tiempo garantizar la operatividad y la fluidez del tráfico de trenes de mercancías sin que tengan que supeditarse a los trenes de viajeros, adaptando la circulación del tráfico ferroviario de mercancías y viajeros a la densidad y composición del tráfico en cada línea. Para ello, se prevé la construcción de terminales multimodales ferroviarias y ferroviarias portuarias y de apartaderos que incluya equipamiento logístico y de tratamiento de cargas que permita un coste del transporte competitivo.

La estrategia especifica que serán cada Ministerio y Administración pública las encargadas de disponer de un presupuesto al efecto para poner en marcha las medidas. Además, el grupo de trabajo interministerial que ha elaborado esta Estrategia será el encargado de la validación, seguimiento y revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

El texto, recoge en total cinco directrices generales en las áreas de territorio, planificación del transporte e infraestructuras; cambio climático y reducción de la dependencia energética; calidad del aire y ruido; seguridad; y gestión de la demanda.

LIMITAR VELOCIDAD EN LOS ACCESOS
De este modo, la Estrategia planteada por el Ejecutivo contempla un incremento de infraestructuras como los carriles Bus y Bus/VAO, para fomentar el transporte colectivo de viajeros en grandes ciudades. Igualmente recoge una reducción del límite de velocidad en las vías de acceso y circunvalaciones a las grandes urbes, impulsando el "urbanismo de proximidad" y los planes de movilidad urbana sostenible.

Dentro del mismo objetivo, se incluye la puesta en marcha de planes de transporte en las empresas de más de 250 empleados y en las de más de 400 trabajadores se prevé el nombramiento de un coordinador de movilidad que implantará ese plan de transporte.

Además, en los centros urbanos se hace hincapié en los modos de transporte no motorizados, favoreciendo las oportunidades de los peatones, los carriles bici y los sistemas de transporte de 'última milla sostenible' como alquiler público de bicicletas y adecuar las tarifas del transporte público.

Del mismo modo, el borrador de la 'Estrategia española de movilidad sostenible' contempla aumentar las 'zona 30', que reducen la intensidad y la velocidad de los vehículos así como introducir técnicas de conducción eficiente en la obtención del permiso de conducir.

MÁS APARCAMIENTOS Y PEAJES URBANOS
Por otro lado, el documento incluye también medidas coercitivas para disuadir al ciudadano del uso de su vehículo privado, como la implantación de peajes urbanos y el aumento de zonas de aparcamiento limitado y reservadas a residentes, así como aparcamientos disuasorios para automóviles y motocicletas en las estaciones de tren y autobús y en los accesos a las ciudades.

Por otra parte, recoge la creación de Zonas de bajas Emisiones en las ciudades (ZBE) en las que se prohibirá el acceso a las urbes de los vehículos más contaminantes (pesados y de mercancías). Sólo podrían acceder a esas áreas los que cumplan con los estándares de emisiones regulados por la normativa europea.

PLAN DE FORMACIÓN PARA POLÍTICOS
A su vez, se incluye un plan de formación para los políticos y técnicos municipales que tienen que hacer frente a este tipo de medidas. Su implantación se acometerá mediante un Convenio Marco de Colaboración con el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) que colaborará con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Además, se apuesta por la incentivación por el uso e inestigación de los vehículos más eficientes y sostenibles (híbridos y de gas) y plantea introducir parámetros de movilidad sostenible en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) del ministerio de fomento.

Las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por el transporte suponen el 25,4 por ciento de las emisiones totales en España y desde 1990 han aumentado un 88 por ciento, según el documento. Así, la carretera fue responsable del 89,2 por ciento de las emisiones; la aviación del 6,6 por ciento, el cabotaje marítimo, del 3,9 por ciento, y el ferrocarril, el 0,3 por ciento.

(*) Fuente de la noticia: EUROPA PRESS

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Más impuestos al CO2

El Gobierno español negocia con los ayuntamientos que el impuesto de circulación se incremente según las emisiones de CO2 de cada vehículo.

El impuesto de circulación, el que cada año pagan los conductores a su ayuntamiento en función de la potencia del coche, cambiará en breve. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Ministerio de Hacienda que el impuesto pase a depender de las emisiones de dióxido de carbono (CO2 ), para que los alcaldes tengan las manos libres para gravar los vehículos más contaminantes, como los todoterreno. El ministerio ha contestado que lo hará y que reformará la Ley de Haciendas Locales.

Este impuesto se sumará así al de matriculación, que desde enero depende de las emisiones, lo que ha supuesto un aumento del 43,2% de la venta de vehículos que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, y que quedaron exentos del tributo.

En su propuesta, la Federación de Municipios afirma: "El principal problema derivado del uso de vehículos a motor en nuestros días es el de la congestión urbana" y que su objetivo es "disminuir el uso de los automóviles". Para ello pide que el impuesto tenga "un papel mucho más activo en la prevención del impacto ambiental de los vehículos, por lo que la tarifa debe adecuarse a esta circunstancia". También ha pedido que la reforma "preserve los ingresos municipales y, simultáneamente, no desincentive la renovación del parque de vehículos".

El impuesto depende ahora de la potencia del coche. La Ley de Haciendas Locales da unos límites a su importe, pero puede variar en un 100% de una ciudad a otra. Aunque la negociación sobre la reforma está empezando y aún falta tiempo para concretarla, Hacienda acepta el compromiso de que "el impuesto estará en función de variables ambientales".

La Federación de Municipios ha propuesto también que el impuesto se pague en "el lugar donde el sujeto pasivo tenga la residencia habitual, su domicilio social, la sede efectiva de sus negocios o la mayor parte de los activos". Actualmente se tributa en el ayuntamiento al que corresponde el domicilio que consta en el permiso de circulación. La patronal del automóvil, Anfac, no está contra la reforma "siempre que no suponga un aumento de la presión fiscal del automóvil ni premie una tecnología sobre otra". Estas recomendaciones de Anfac ya fueron tenidas en cuenta cuando se reformó el de matriculación, que bajó el impuesto a los menos contaminantes y lo subió a los que más emiten.

Pero la iniciativa no está exenta de obstáculos y tendrá que dar solución a un aspecto técnico importante: cómo gravar los vehículos del parque móvil circulante, que no poseen homologación de emisiones, ya que en la ficha de los vehículos más antiguos este parámetro no consta. Por tanto, deberá buscarse un sistema para aplicar este impuesto al parque más viejo, que generalmente consume más y emite más gases contaminantes que los vehículos modernos.

Para el diputado de ICV, Joan Herrera, que negoció con el Gobierno la reforma en la pasada legislatura, el cambio de impuesto es una buena medida, "siempre que se haga bien y sirva para desincentivar la compra de los vehículos más contaminantes".

El impuesto de circulación no afecta tanto a las compras como el de matriculación, ya que se paga año a año y no al adquirir el vehículo. Con todo, la reforma de los dos impuestos, la subida del precio del carburante y la crisis económica acabarán haciendo mucho más atractivos los vehículos ecológicos.

Ningún ayuntamiento parece tener claro por el momento cómo articulará el tributo tras su aprobación y todos prefieren esperar a conocer la redacción definitiva que saldrá de Hacienda. Un portavoz del Consistorio madrileño señaló ayer que la medida "se ve bien, porque está en la línea de la normativa europea", que prima al vehículo más limpio frente a los que emiten más CO2 . "Estamos de acuerdo con el espíritu de la reforma, pero vamos a esperar".

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla confirmaron por su parte que la futura reforma del impuesto de circulación no se ha abordado, "porque aún se están elaborando las ordenanzas municipales".

El concejal de Hacienda de Valencia, Silvestre Senent, afirmó que la modificación del impuesto de circulación para adaptarlo a las emisiones contaminantes "habrá que estudiarla con lupa", ya que exigiría una homologación de las características de los coches por parte del Ministerio de Industria. Senent, además, apunta que la medida afectaría a personas "de rentas más bajas", propietarios de los vehículos más antiguos, en un momento de crisis económica. En todo caso, el ayuntamiento ya ha decidido que el año que viene no subirá este impuesto, "ni siquiera el IPC", informa Sara Velert.

En otros puntos de España, como Zaragoza, el Ayuntamiento decidió hace ya algún tiempo anticiparse al incentivo de los coches menos sucios y aplica una bonificación del 50% de este tributo durante cuatro años naturales desde su primera matriculación a los vehículos híbridos y eléctricos y a los convencionales que demuestren una mayor eficiencia.

* (Noticia publicada por Rafael Méndez y Elsa Granda en el diario El País)

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Un paso atrás

La próxima regulación fotovoltáica podría frenar el desarrollo de la tecnología solar en España.

España debe mantener su apuesta por ser uno de los líderes mundiales en el desarrollo de la fotovoltaica, una de las fuentes de energía con mayor potencial de todas, y una de las mejores opciones del país para luchar contra el calentamiento global y disminuir su dependencia energética.

Por ello, el Gobierno debe modificar su propuesta de nueva regulación para la energía fotovoltaica, ya que conllevará, en caso de aplicarse tal y como está, una drástica reconversión sectorial que pone en peligro la viabilidad de numerosas empresas y de miles de puestos de trabajo asociados a ellas.

El propio presidente del Gobierno ha afirmado en el discurso de investidura y en otras muchas ocasiones el compromiso del Gobierno en convertir a España en líder mundial en energías renovables y en favorecer a los sectores que pueden encabezar el desarrollo tecnológico que tanto se necesita.

La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Comisiones Obreras (CC OO), Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Unión General de Trabajadores (UGT) y WWF-Adena instan al Gobierno a modificar su propuesta de nueva regulación para la energía solar fotovoltaica, de modo que se evite un grave golpe a un sector caracterizado por su dinamismo e innovación, que puede provocar el cierre de numerosas empresas –con efecto sobre miles de empleos–, y es un insólito paso atrás en la lucha contra el cambio climático.

Entre otros aspectos rechazables, la propuesta del Gobierno limita el volumen del mercado solar a sólo 300 MW durante 2009, un 70% menos del volumen de mercado que está teniendo entre enero y septiembre de este mismo 2008.

Este brusco descenso de actividad, contrario a la política de fomento de las energías renovables y a la defensa del medio ambiente, supondrá un duro golpe al sector fotovoltaico español que las organizaciones firmantes del presente Comunicado de Prensa consideran innecesario y excesivo.

Por otro lado, es esencial que el Gobierno aporte una solución válida para evitar que las instalaciones en construcción que no lleguen a acogerse a la regulación actual cubran el cupo que la propuesta de nueva regulación asigna para 2009, provocando la parálisis del mercado fotovoltaico nacional hasta 2010.

Las organizaciones firmantes del presente Comunicado de Prensa pedimos una regulación que garantice el desarrollo a futuro de la energía fotovoltaica, porque ello constituye una excelente oportunidad para fortalecer el importante potencial tecnológico existente en el sector de las energías renovables en España, aportando valor añadido a nuestra industria y generando empleo de calidad.

Fuente: ADENA (WWF)

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