Quien descontamina, que cobre

Al menos ésa es la tesis que sostiene Carlos Romero en su interesante artículo aparecido hace unos días en www.soitu.es : que el estado subvencione y ofrezca ventajas fiscales a los propietarios de terrenos con bosques. No es una mala idea, ya que favorecería su conservación y cuidado. Pero encuentro un problema de base: ¿por qué hoy día sigue habiendo bosques en manos privadas? ¿No es esto un despropósito?

Tampoco creo que haga falta ser muy comunista para entender que ciertas materias deberían quedar fuera del mercado, que es aberrante que en el año 2008 alguien pueda seguir siendo propietario de un bosque. En mi opinión habría que compensar a estos propietarios, pero sólo una vez y para siempre, pasando inmediatamente estos terrenos tras una justa compensación a ser propiedad del estado.

Transcribo a continuación el artículo de Carlos Romero sobre la economía de los bosques:

En estos tiempos en los que las ayudas para impedir la deforestación vuelven a cobrar gran importancia en el marco de la lucha contra el cambio climático (ver la Hoja de Ruta de Bali), parece necesario contribuir al debate sobre la mejor manera de formularlas. Las políticas públicas de ayuda al sector forestal pueden parecer a simple vista generosos mecanismos para "regalar" dinero público, o sea, de todos, a los propietarios forestales. Sin embargo, en lugar de eso se trata de incentivar a los propietarios a que tomen decisiones óptimas para el conjunto de la sociedad.

Para ello, comencemos por entender que los bosques son sistemas biológicos con propósitos múltiples. En efecto, la producción de madera es un uso importante aunque no único, ni necesariamente el más importante. Además de producir madera, los bosques juegan un papel esencial como defensores del suelo contra la erosión, capturadores de CO2 atmosférico, protectores de la biodiversidad, etc. En el caso de los montes naturales, esta serie de usos no madereros generan para la sociedad una utilidad mayor que la generada por la producción de madera y otros derivados.

Todos los productos no madereros son, desde un punto de vista económico, bienes públicos. Como tales, su principal característica consiste en que aunque su producción incrementa el bienestar de la sociedad, no existen mercados para los mismos, por lo que su producción no es retribuida. Es decir, son productos que en general no tienen valor de cambio, pero si poseen otros tipos de valor (de uso, de opción, de existencia...) que resultan estratégicos para el bienestar de la sociedad.

Dada la estructura de propiedad privada de la mayor parte de los bosques de España, las consideraciones anteriores conducen a una clara paradoja. La sociedad demanda de los bosques una serie de bienes públicos vitales para su bienestar. Sin embargo, no existen mecanismos institucionales para compensar económicamente a los proveedores de los mismos.

Esta paradoja conduce a una divergencia entre lo que es óptimo desde el punto de vista privado (del propietario) y desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Tal tipo de divergencia implica lo que técnicamente se denomina un "fallo de mercado", que conduce a una asignación de recursos socialmente ineficiente.
Usos no madereros generan para la sociedad una utilidad mayor que la producción de madera

Es necesario desarrollar mecanismos que incentiven la producción de estos bienes públicos "sin mercado". Estos mecanismos pueden basarse tanto en ventajas fiscales, como en la fijación de subvenciones, que al incluirlas el propietario en sus cálculos contables, hagan desaparecer (o atenuar) la comentada divergencia entre el óptimo privado y el social.

Por todo ello, las políticas públicas de ayuda al sector forestal pretenden incentivar a los propietarios a que tomen decisiones socialmente óptimas. En definitiva, se pretende emplear dinero público para la restauración de la eficiencia asignativa del mercado. En otras palabras, se pretende que un diseño organizativo basado en la propiedad privada y complementado con las "adecuadas" ayudas públicas permita una gestión de los ecosistemas forestales que resulte óptima para el conjunto de la sociedad.

Es decir, el muy necesario principio de "quién contamina paga" hay que ampliarlo con el principio de "a quién descontamina se le compensa". Los responsables de la política forestal no parece que compartan las ideas expuestas en estas líneas. Así, todo hace indicar que los vientos no van a soplar en la dirección de racionalizar los actuales sistemas de subvenciones, sino más bien en la dirección opuesta.

*Carlos Romero es responsable del Grupo de Investigación Economía y Sostenibilidad del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid y premio Nacional de Economía y Medio Ambiente.