Anacronismo injustificable

Los cazadores podrán matar a 100 lobos este año en Castilla y León amparados por el gobierno regional.

100 lobos quizás no parezcan demasiados, pero conviene saber que estamos hablando de entre el 10 y el 30 por ciento de la población total que se estima vive actualmente en Castilla León. Así es normal que los grupos ecologistas hayan alzado su voz contra una propuesta no sólo anacrónica, sino también temeraria e injustificable, en mi opinión.

De verdad sorprende que tal medida cuente con el apoyo del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Mantenimiento del Lobo, un comité que está formado por los representantes de las consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, colectivos de agricultores, ganaderos y cazadores, representantes de las Universidades de Castilla y León, y el coordinador del Plan. La reunión en la que se aprobó semejante burrada (con perdón para los burros) no contó en cambio con la asistencia de ningún grupo ecologista ya que ni siquiera fueron informados sobre la celebración de la misma, según un comunicado de WWF/Adena.

Convendría que ahora la Junta de Castilla y León anulara los resultados de la reunión para volver a convocarla con la asistencia de los ecologistas y que el comité pudiera ejercer sus funciones con la seriedad y el rigor necesarios para un tema como éste.

Gedemol -Grupo para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa- incide en la necesidad de proteger al lobo para salvaguardar el ecosistema de la provincia. El número excesivo de animales que pueden ser presas del lobo como ciervos o jabalíes, puede estar contribuyendo a la extinción de especies de aves protegidas como el urogallo y la perdiz pardilla, por lo que la labor del lobo es necesaria para mantener el estado del ecosistema.

¿Razones o excusas?
Un dato significativo al respecto es el que aporta Gedemol sobre el coste económico derivado de la actividad del lobo ibérico en la zona de Riaño, unos 13.801 euros anuales para la Junta de Castilla y León, mientras que las indemnizaciones pagadas por los perjuicios ocasionados por ciervos y jabalíes alcanzan una media anual de 122.177 euros.

Confío en que la reunión vuelva a celebrarse y concluya con un resultado más racional y beneficioso para todos.